Manicomios S.A.

El negocio de la derivación de pacientes a instituciones privadas "

Contradiciendo las afirmaciones oficiales sobre la desmanicomialización, las mayores inversiones se están destinando a reformas edilicias en los mismos hospitales y al traslado de pacientes a establecimientos privados a un costo muy superior al del nomenclador municipal. Diversas evidencias y denuncias reiteradas indican que se estaría ante un enorme negocio inmobiliario, que ya tiene nombre propio: "Altos de Barracas".

Días atrás, el secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Donato Spaccavento, afirmó en una reconocida publicación que "me gustaría que le gente se acuerde de mí porque pasé a la gente de los manicomios a la comunidad". En sus declaraciones también aseguró que uno de sus objetivos de gestión será la aplicación de la Ley de Salud Mental: "Casi el 50% de los pacientes están en condiciones de ser externados, por lo que estamos intentando la adquisición de dispositivos habitacionales para que la gente que sea externada vaya a un lugar digno y pueda resocializarse. Según su habilidad social y su capacidad de autodeterminarse, van a tener distinto tipo de asistencia y control, con tratamientos ambulatorios, a domicilio, en hospitales de día, fortaleciendo la estructura de los talleres protegidos y trabajando junto con las ONG que tengan experiencia en socialización de pacientes con trastornos mentales severos".

La Ley 448 de Salud Mental no se respeta

Angel Barraco, representante del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional fundado en el ámbito de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, denunció que "los neuropsiquiátricos resultan ser un embudo donde se precipita, para cronificarse, la problemática no atendida en otros dispositivos: la ley pide abrir camas de internación en hospitales generales, y esto no se cumple. Tampoco se cumple la atención en salud mental en la mayoría de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), y no se crearon los hospitales de día y de noche ni las residencias protegidas para externación de pacientes que solicita la ley. El último presupuesto porteño no destina nada a estos dispositivos, y en cambio incluye 150 millones sólo para remodelar los neuropsiquiátricos".

¿En qué se gasta la plata?

No sólo no se realizó ningún cambio en el sistema, sino que contradiciendo la actual postura de desinstitucionalización que defiende el secretario de Salud porteño, se están realizando grandes remodelaciones en estas instituciones.

"El comienzo de las obras viene de una gestión anterior. Además, los pabellones que están siendo arreglados van a ser utilizados para otras áreas de salud; mal no vienen", fue la respuesta del funcionario.

Lo curioso es que como director del Hospital Argerich, Spaccavento fue uno de los más acérrimos defensores del hospital público, e incluso en su cargo como secretario de Salud porteño siguió reivindicando ese rol, atacando la privatización de la salud. Hoy, ratificado en su cargo como máximo responsable de la salud de la Ciudad, comenzó a hablar de la participación de ONGs y fundaciones en el área de la salud mental.

Por su parte Pablo Berretoni, actual interventor del Hospital Moyano en lugar del suspendido director Néstor Marchant, afirmó recientemente que "éste es un momento ideal para intentar cambios en el sistema y terminar con el modo hospitalocéntrico, donde los pacientes son mantenidos en el hospital como rehenes, sin ninguna intención de curarlos", al parecer olvidando el cargo de director de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires que ostenta desde hace algún tiempo, y que le hubiera permitido hacer algo al respecto con anterioridad.

Berretoni también admitió, sin ponerse colorado, que "hasta hace muy poco la Ley de Salud Mental de la Ciudad era una ley virtual, que no se ejecutaba", pero que su gestión "tiene como primera prioridad aplicarla".

"Altos de Barracas"

Para muchos, la intervención dispuesta por Spaccavento en el Hospital Moyano es la pantalla de una maniobra liquidacionista inicial destinada al cierre de todos los hospitales neuropsiquiátricos. Delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Moyano creen que "esta desinstitucionalización esconde el cierre del hospital para quedarse con las tierras del predio y llevar a cabo la ejecución del proyecto inmobiliario ’Los Altos de Barracas’, que comenzó en la década del 90".

En 1993, Héctor Lombardo —por entonces miembro del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires— propuso junto a otros ediles un proyecto de ordenanza cuya finalidad era canjearle a una empresa constructora las 40 hectáreas que ocupan tres de los hospitales neuropsiquiátricos por otras tierras de menor valor. Gracias a la Divina Providencia, y a algunos concejales, el proyecto no fue aprobado.

Años después, y ya en su puesto de secretario de Salud porteño, ayudó a que las 57 hectáreas donde se ubican los hospitales Moyano, Borda, Tobar García, Muñiz, Rawson, talleres protegidos y tierras del ferrocarril Roca, fueran decretadas como vacantes, a pesar de los miles de enfermos y trabajadores de la salud que las pueblan.

En el Decreto Nº 1961 quedó asentado el convenio con la Sociedad Central de Arquitectos, por el cual se establecía el compromiso de realizar una serie de obras e investigaciones en áreas vacantes de la ciudad para la ejecución de concursos. En criollo, desarrollaban un proyecto inmobiliario en los terrenos, y a cambio construían otro hospital cerca del Parque Roca. Luego de varios años, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, excluyó a estos terrenos del listado de "áreas vacantes".

Por su parte, en sus funciones como legislador porteño, el actual ministro de Producción de la Ciudad, Enrique Rodríguez, también coincidió en que los hospitales neuropsiquiátricos no tenían razón de ser. Casualmente, este ex ministro de Trabajo de la era menemista luego fue nombrado presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, entidad cuyo viejo anhelo es, según trabajadores de estas instituciones sanitarias, "cerrar los neuropsiquiátricos y beneficiarse con la explotación inmobiliaria de estos predios incluidos en su ‘Proyecto Corredor Verde Sur’, decenas de hectáreas del sur de la ciudad para el lucro de capitalistas a los que no les perturba dejar a miles de pacientes psiquiátricos indigentes en la calle".

A sólo cinco minutos del Obelisco, estos terrenos considerados por tasadores particulares como "invaluables" se ubican en una zona donde los emprendimientos inmobiliarios se reproducen como hongos, con proyectos como la Casa FOA de la calle Lanín, los Solares de Montes de Oca, o el MOCA en la antigua fábrica de Bagley.

"Nosotros entendemos que las tierras son muy valiosas, y no nos oponemos al traslado, siempre y cuando se construya un hospital moderno y completo en otro lugar, y no que se tire a las pacientes a la calle para luego ver cómo se sigue adelante. Tampoco queremos que se las traspase al sistema privado y que cuando el gobierno se canse de pagar, las internas queden por las suyas", aseguraron desde la Asociación de Profesionales del Hospital Moyano, al tiempo que explicaron que "algunas pacientes no pueden ser externadas porque sufren patologías agudas, y muchas otras porque son rechazadas por la sociedad y su familia; por eso el hospital neuropsiquiátrico público no puede desaparecer".

También es cierto que el cierre de estos centros de salud, sin el correspondiente desarrollo de las instalaciones que los suplantarían, significaría una restricción en el acceso a la atención médica para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos o cobertura social que les permitan acceder a alguna institución privada.

Además, ¿por qué se habla de "desmanicomialización" estatal, pero no de un cambio en las instituciones privadas que aún continúan con el mismo sistema?

Frente a todo esto, los trabajadores de los hospitales de salud mental proponen la modernización del sistema, ya que es deber de los funcionarios proveer a todos los enfermos psiquiátricos de una institución moderna, equipada y con los recursos humanos necesarios para brindar la mejor atención.

¿Desinstitucionalización estatal o institucionalización privada?

Según los profesionales del Hospital Moyano, la desmanicomialización comenzó con el traslado de pacientes, el cierre de pabellones y los sobreprecios en internaciones. De los 28 pabellones, actualmente ocho están clausurados por reformas, por lo que cientos de pacientes fueron trasladadas a instituciones privadas a razón de $ 3.000 mensuales, cuando el Nomenclador Municipal recientemente aprobado fija un arancel de $ 750 para las internaciones psiquiátricas prolongadas.

Es decir, el Gobierno porteño cobra a las obras sociales $ 750 por paciente, y las deriva a clínicas privadas pagando más de $ 3.000, con el consiguiente perjuicio económico para la Ciudad. Esta transferencia de recursos del Estado a los privados se realiza bajo el amparo de un convenio firmado entre la entonces Secretaría de Salud porteña y la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos, entidad a la que la responsable del PAMI, Graciela Ocaña, rescindió el contrato, para eliminar intermediarios innecesarios.

Además, muchas de las 26 clínicas utilizadas para las derivaciones ofrecen condiciones habitacionales y profesionales claramente inferiores a las del Hospital Moyano, incluso pese al estado crónico de abandono que éste presenta.

Según palabras de los trabajadores del Borda y del Moyano, "en las clínicas privadas los pacientes viven dopados, muchos de ellos restringidos y sin contacto con los compañeros que conforman su actual familia, y las sesiones de musicoterapia que todos pagamos consisten en ponerles un rato la radio. Tal vez nosotros trabajamos en condiciones que no son las ideales y sufrimos escasez de personal, pero los familiares valoran la libertad que los internos tienen en el lugar, hospitales de puertas abiertas en los que al enfermo mental no se lo trata como a un preso. Además, ninguna institución privada puede superar en calidad y jerarquía a los equipos multidisciplinarios que aquí se desempeñan".

Con estos traslados compulsivos, no sólo se genera un fabuloso negocio para quienes ven a los pacientes de los neuropsiquiátricos estatales como clientes que aumentan sus ingresos, sino que se violan los más elementales derechos humanos de pacientes y familiares.

RECUADRO 1

>> Qué quiere decir un cambio en el sistema

Este cambio radical de los criterios de atención de la salud mental se produjo a partir de la segunda mitad de la década del 60, cuando el mundo occidental estaba en pleno proceso de ebullición trasformadora y la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a recomendar la reconversión de los sistemas de atención psiquiátrica en beneficio de la atención comunitaria del enfermo mental.

Emiliano Galende, uno de los más importantes especialistas en desmanicomialización, afirmó que "la disyuntiva no sería entre internar o no internar, sino pasar a otras formas de internación. Esas internaciones, lo más breves posibles, deberían cumplirse en los servicios de psicopatología de los hospitales generales, porque lo que está comprobado es que el hospital monovalente cronifica cualquier padecimiento".

El profesional aseguró también que, "después de diez años de internación en establecimientos como los que conservamos, un paciente es irrecuperable. Si la intención no es meramente poner a los enfermos en la calle para achicar el gasto social, habría que contar con los presupuestos para la sustitución del manicomio por dispositivos más adecuados".

El verdadero camino a la desinstitucionalización requiere la construcción de los centros estatales necesarios —hospitales de día, talleres de capacitación y rehabilitación, red de familias sustitutas, etcétera— un subsidio o salario; alojamiento y asistencia médica, psicológica social y de rehabilitación integral de los pacientes crónicos a cargo del Estado; y por supuesto, ningún "arreglo" con ONGs, fundaciones y clínicas privadas.

RECUADRO 2

>> "Este es nuestro hogar"

Catorce de las 189 internas del Moyano trasladadas en los últimos meses —las que se encuentran completamente lúcidas— dirigieron una conmovedora carta a la Dirección del hospital afirmando que no querían ser derivadas a instituciones externas durante la remodelación del lugar.

"Es toda una vida que vivimos en el hospital, y hoy no tienen en cuenta ni lo que sentimos ni lo que pensamos. No nos pueden obligar a irnos, no es humano, dado que este lugar es nuestro hogar", expresaron las pacientes. Sin embargo, su pedido no fue escuchado.

Según dijeron profesionales de la institución, "estas pacientes podrían haberse quedado en el hospital hasta que los pabellones estuvieran en condiciones, sin tener que ser desarraigadas, y aunque en un primer momento se aseguró que las pacientes iban a regresar, luego de las declaraciones de Spaccavento suponemos que no las veremos nunca más".

"Si este dinero que se le está pagando al sector privado se hubiera invertido en la construcción de casas de medio camino y hostales, como prevé la Ley de Salud Mental, se hubiera podido iniciar un mejoramiento del sistema", afirmaron en el nosocomio.

Autor: Julieta Varela